A comienzos de 2008 y a poco de iniciar el ejercicio de función legislativa en el novedoso rol de oficialismo, advertimos que el centro de conflicto (con todos los frentes abiertos y un gran desorden en la administración pública) resultaba ser justamente el de la administración. Recursos escasos, déficit económico y discusiones salariales que intentaban encuadrarse en mesas de negociación.
Los asuntos que escapaban al funcionamiento de la administración pública ocupaban un segundo o tercer plano y, por cierto, en esos otros escenarios había hambre, frío, postergación.
Algunos compañeros decidimos trabajar insertando en la agenda pública la cuestión de la tierra y el déficit habitacional, en la distribución de trabajo, en la igualdad de oportunidades. Un balance del tiempo transcurrido podría arrojar muchas frustraciones y algunos logros. Pero por cierto, la cuestión de la tierra está en agenda y los invisibles cobran fuerza para integrarse.
¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho a la vivienda?
Todos fuimos niños. Eso nos iguala.
Todos, de chiquitos, jugamos a la casita. Nos refugiábamos debajo de una frazada o improvisábamos una casa con bloques, chapas o cartones; soñábamos con la casita en el árbol o conservamos un rincón, un hueco o algo parecido como refugio de primos, hermanos o amigos del barrio. Jugábamos a la mancha y nos salvaba estrellarnos contra una pared gritando “CASA” con todo el aire de los pulmones y hasta los animadores infantiles instalaban la frase “techito por si llueve”. Ocurre que no hay que ser muy avispado para darse cuenta que casa, casita, refugio, techito, habitación, vivienda…todo eso, es un derecho, como respirar, como tomar agua, como refugiarse y no estar en situación de calle, de intemperie.
Parece mentira, pero todavía se discute el derecho a la vivienda.
No es fácil concretarlo, hacerlo realidad para todos quienes necesitan. Pero es obligación facilitar su realización, hacerla posible y cercana.
Ocurre que hoy no se asume el derecho a la vivienda, sino que sólo se respeta el derecho a la propiedad.
Y el derecho a una vivienda adecuada no implica, necesariamente, propiedad. Tener vivienda no quiere decir, necesariamente ser propietario. Se puede ser inquilino, tener una custodia por 10 o 99 años, puede ser propiedad colectiva o individual, puede ser vivienda social, puede ser uso de suelo y muchas otras figuras.
Ocurre que el sistema, el poder económico, la concentración inmobiliaria no permiten hablar de vivienda sin que implique el primerísimo respeto al más importante de los derechos de la sociedad conservadora que es la propiedad privada. Y todos, aún los no propietarios, asumen el principio de la propiedad privada como el derecho primordial. Todos los otros derechos quedan en segundo plano.
Trabajamos desde el año 2006 en el derecho a la vivienda, promoviendo en principio la declaración de la Emergencia Habitacional creando la Mesa Institucional para discutir entre Gobierno, Municipios y Entes de Servicios, junto a vecinos organizados la concreción de planes para resolver el déficit de vivienda en las ciudades. La prórroga de la Emergencia tuvo la oposición de organizaciones ambientalistas y de defensa del paisaje y el bosque, de los inscriptos en planes FONAVI postergados por más de diez años y que continuaban en su calidad de inquilinos y por los partidos conservadores, incluido el radicalismo que tiene en sus manos la administración de las dos ciudades de la provincia: Ushuaia y Río Grande.
Conseguimos, de todos modos, sancionar la ley de emergencia urbano-ambiental que incluye la cuestión habitacional, con la suspensión de desalojos en las causas iniciadas a habitantes de los barrios no reconocidos oficialmente y criminalizados por las intendencias.
El gobierno de la Provincia tuvo una actuación tibia en la resolución del asunto, funcional al paso del tiempo, pero seguimos junto a organizaciones barriales sosteniendo el reclamo, militando por profundizar la solución y no discutir el derecho a la vivienda (derecho reconocido por los pactos internacionales y con jerarquía supra-legal en nuestro país), sino la resolución del déficit habitacional.
POR EL RECONOCIMIENTO, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DE LOS BARRIOS POSTERGADOS EN LAS CIUDADES.
POR IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES A TODOS LOS HABITANTES DE TIERRA DEL FUEGO.
POR EL ACCESO A AGUA POTABLE, LUZ Y CLOACAS DE TODOS LOS BARRIOS EN USHUAIA Y RIO GRANDE.
Miles de familias viven en los barrios de la montaña en Ushuaia y de la Margen Sur en Río Grande. Existen, aunque permanezcan en la oscuridad o no quieran verlos.
Los asuntos que escapaban al funcionamiento de la administración pública ocupaban un segundo o tercer plano y, por cierto, en esos otros escenarios había hambre, frío, postergación.
Algunos compañeros decidimos trabajar insertando en la agenda pública la cuestión de la tierra y el déficit habitacional, en la distribución de trabajo, en la igualdad de oportunidades. Un balance del tiempo transcurrido podría arrojar muchas frustraciones y algunos logros. Pero por cierto, la cuestión de la tierra está en agenda y los invisibles cobran fuerza para integrarse.
¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho a la vivienda?
Todos fuimos niños. Eso nos iguala.
Todos, de chiquitos, jugamos a la casita. Nos refugiábamos debajo de una frazada o improvisábamos una casa con bloques, chapas o cartones; soñábamos con la casita en el árbol o conservamos un rincón, un hueco o algo parecido como refugio de primos, hermanos o amigos del barrio. Jugábamos a la mancha y nos salvaba estrellarnos contra una pared gritando “CASA” con todo el aire de los pulmones y hasta los animadores infantiles instalaban la frase “techito por si llueve”. Ocurre que no hay que ser muy avispado para darse cuenta que casa, casita, refugio, techito, habitación, vivienda…todo eso, es un derecho, como respirar, como tomar agua, como refugiarse y no estar en situación de calle, de intemperie.
Parece mentira, pero todavía se discute el derecho a la vivienda.
No es fácil concretarlo, hacerlo realidad para todos quienes necesitan. Pero es obligación facilitar su realización, hacerla posible y cercana.
Ocurre que hoy no se asume el derecho a la vivienda, sino que sólo se respeta el derecho a la propiedad.
Y el derecho a una vivienda adecuada no implica, necesariamente, propiedad. Tener vivienda no quiere decir, necesariamente ser propietario. Se puede ser inquilino, tener una custodia por 10 o 99 años, puede ser propiedad colectiva o individual, puede ser vivienda social, puede ser uso de suelo y muchas otras figuras.
Ocurre que el sistema, el poder económico, la concentración inmobiliaria no permiten hablar de vivienda sin que implique el primerísimo respeto al más importante de los derechos de la sociedad conservadora que es la propiedad privada. Y todos, aún los no propietarios, asumen el principio de la propiedad privada como el derecho primordial. Todos los otros derechos quedan en segundo plano.
Trabajamos desde el año 2006 en el derecho a la vivienda, promoviendo en principio la declaración de la Emergencia Habitacional creando la Mesa Institucional para discutir entre Gobierno, Municipios y Entes de Servicios, junto a vecinos organizados la concreción de planes para resolver el déficit de vivienda en las ciudades. La prórroga de la Emergencia tuvo la oposición de organizaciones ambientalistas y de defensa del paisaje y el bosque, de los inscriptos en planes FONAVI postergados por más de diez años y que continuaban en su calidad de inquilinos y por los partidos conservadores, incluido el radicalismo que tiene en sus manos la administración de las dos ciudades de la provincia: Ushuaia y Río Grande.
Conseguimos, de todos modos, sancionar la ley de emergencia urbano-ambiental que incluye la cuestión habitacional, con la suspensión de desalojos en las causas iniciadas a habitantes de los barrios no reconocidos oficialmente y criminalizados por las intendencias.
El gobierno de la Provincia tuvo una actuación tibia en la resolución del asunto, funcional al paso del tiempo, pero seguimos junto a organizaciones barriales sosteniendo el reclamo, militando por profundizar la solución y no discutir el derecho a la vivienda (derecho reconocido por los pactos internacionales y con jerarquía supra-legal en nuestro país), sino la resolución del déficit habitacional.
POR EL RECONOCIMIENTO, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DE LOS BARRIOS POSTERGADOS EN LAS CIUDADES.
POR IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES A TODOS LOS HABITANTES DE TIERRA DEL FUEGO.
POR EL ACCESO A AGUA POTABLE, LUZ Y CLOACAS DE TODOS LOS BARRIOS EN USHUAIA Y RIO GRANDE.
Miles de familias viven en los barrios de la montaña en Ushuaia y de la Margen Sur en Río Grande. Existen, aunque permanezcan en la oscuridad o no quieran verlos.
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